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El Pensador (4-2013)

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El proyecto legislativo sobre “matrimonio” homosexual aprobado por el Ejecutivo de François Hollande ha desatado una respuesta inopinada de la ciudadanía francesa. Con un programa próximo al zapaterismo en materia ideológica, los socialistas galos se las han tenido que ver con manifestaciones multitudinarias a pocos meses de unas elecciones que ganaron con relativa comodidad. Las características de estas movilizaciones se pueden resumir en tres elementos destacables: no han sido auspiciadas ni manipuladas por la oposición conservadora, sino que han brotado espontáneamente de la sociedad civil; han subrayado más el carácter positivo de la reivindicación (la defensa de la familia tradicional) que el negativo y, en último lugar, articulan un movimiento transversal –del campo a la ciudad, de elementos religiosos con otros meramente políticos, interclasista, interracial y probablemente incluso interpartidario.
Pero muy por encima de todo ello conviene resaltar el elemento simbólico que en nada podemos considerar simplemente anecdótico. En efecto, Francia no sólo es la cuna de la Ilustración liberal, sino que es además el país con más larga tradición laicista del mundo occidental. De ahí que las manifestaciones por la familia tradicional hayan sorprendido, más allá de la intelectualidad francesa –acomodada a un progresismo de salón autorreplicante–, a toda la sociedad europea. Si en mayo del 68 las calles fueron tomadas por estudiantes ideologizados en un neomarxismo alternativo (el “sesentayochismo”), treinta y cinco años más tarde, también en mayo, quienes han levantado su voz han sido aquellos que defienden el sentido común de la tradición y de los valores. Un político del fino olfato de Nicolás Sarcozy ganó las presidenciales galas hace cinco años con el lema (premonitorio) de “hay que enterrar el sesentayocho”. Todos estos datos son ciertamente alentadores en tanto que desvelan un subyacente inequívoco de anhelo por las raíces cristianas en un país, como Francia, que ha sido icono histórico del progresismo laicista.

Sin embargo, el análisis de este fenómeno quedaría cojo si obviáramos un hecho que también tiene una notable trascendencia de cara al futuro: la brecha que separa a las élites dirigentes de la mayoría social. Una quiebra que se agranda cada vez que se producen imposiciones de ingeniería social y que, lejos de ser un fenómeno local (en Francia), se adivina general en todo el continente europeo. No en balde, las recientes elecciones municipales parciales celebradas en Reino Unido, coincidiendo con la aprobación por el Parlamento del “matrimonio” homosexual, se han saldado con una nítida derrota del gobernante Partido Conservador, buena parte de cuyo electorado tradicional ha basculado a favor de una fuerza más tradicionalista (el UKIP). La desavenencia entre los votantes clásicos del Partido Popular en España que muestran empecinadamente las encuestas pende –como advierte el presidente del Foro de la Familia en una entrevista que ofrecemos en páginas interiores- de que Rajoy enmiende su actitud condescendiente con la herencia ideológica del zapaterismo.
En Luz del mundo, Benedicto XVI se maravillaba hace escasos años de la desdibujada incidencia política de los católicos, a todas luces infravalorada en relación al peso real que tienen en las sociedades de muchos países europeos. Esta circunstancia ayuda a explicar en buena medida esa brecha existente entre dirigentes y “dirigidos”, pero no la agota por sí sola. La solución no se antoja fácil.
Salir a la calle es un ejercicio de responsabilidad ética, aunque si no se obtienen frutos mediante la concreción práctica de acciones y medidas políticas, la esterilidad conducirá a su desvanecimiento más pronto que tarde.
Pero mientras los cristianos no sepan organizar su fuerza como un vector electoral, mientras en ellos primen elementos accesorios (la situación económica o cualquier otra cuestión de orden material), los políticos convencionales no se sentirán urgidos ni impelidos a escuchar la nueva voz de la calle. Grupos tan minoritarios, pero perfectamente organizados, como el de los gays-lesbianas inducen a pensar que ese “mercadeo” electoral funciona cuando se actúa como bloque compacto. Puede surgir entonces la tentación de organizar “partidos cristianos” (genéricos o mediante ligas monoprogramáticas) que o bien canalicen el descontento y desconcierto de estos amplios sectores sociales, o sirvan meramente como amenazas latentes de los all-caught parties del sistema.
Ninguna de ambas soluciones parece fácil ni recomendable, a tenor de la experiencia histórica de la Democracia Cristiana. Más bien sería un error; especialmente si, tras esos intentos, se ocultan intentos neofascistas como el caso de la Alternativa Española de López-Diéguez o abiertamente populistas como el UKIP.
El diagnóstico no ofrece dudas respecto a la necesidad de que los mandatarios reconduzcan sus inventos de laboratorio social hacia un mayor respeto a los principios y valores comunes (y por tanto, mayoritarios) de la ciudadanía. Establecer un tratamiento, sin embargo, es una tarea mucho más compleja. Tal vez la cuestión deba dirimirse en la responsabilidad individual de cada uno de los cristianos, aunque esto diluya la cohesión alternativa. Lo que es seguro es que una mayoría social percibe o comienza a percibir que las cosas no pueden seguir como están.


 

 
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